El órgano de garantías continúa en la misma línea, y no da luz verde al Senado para tramitar las dos enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos para desbloquear el órgano y el CGPJ.
Ante el rechazo del Alto Tribunal de tramitar la reforma judicial del Gobierno para su propia renovación, pendiente desde el mes de junio, y la del CGPJ, desde hace cuatro años, la Cámara Baja, mostrando su descontento, decidió presentar el martes por la noche un recurso para levantar la suspensión cautelar de la tramitación de las enmiendas y las recusaciones de la Fiscalía del TC contra su Presidente, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, al considerar que la reforma de la ley les afecta de forma directa —de ocurrir esto, se produciría una variación en las mayorías, dando lugar a un cambio en el dictamen del órgano—.
En palabras del Constitucional, el Senado: «solicita que se resuelva dicha impugnación antes del día 22 de diciembre, por ser esta la fecha prevista para el debate y votación por el pleno del Senado de la proposición de ley», alegando «una grave indefensión», ya que el TC solo le notificó la parte dispositiva del auto que bloqueó la tramitación de la reforma, de manera que no conoce el porqué de la resolución, así como que la medida excepcionalísima del tribunal es «inédita, extemporánea, contradictoria, desproporcionada y de impredecibles consecuencias», «produce un perjuicio irreparable a la autonomía parlamentaria» y que «la suspensión ocasiona una perturbación de la máxima gravedad a un interés constitucionalmente protegido, como es el consistente en que el poder legislativo del Estado, encarnado en las Cortes que representan al pueblo español, pueda ejercer con plenitud las funciones que tiene constitucionalmente atribuidas»; sin embargo, ayer por la noche, el Pleno rechazó el recurso por 6 votos a 5, aunque la mayoría ha decidido no analizar las recusaciones al Presidente González Trevijano y al magistrado Narváez, siendo, en última instancia, el mismo resultado expresado por el tribunal el pasado lunes, donde se bloqueaba la reforma presentada por el gobierno de coalición gracias a los votos a favor de los magistrados conservadores.
A pesar del varapalo del Alto Tribunal, PSOE y Unidas Podemos, con el objetivo de cerrar la proposición de ley que será apoyada por los partidos de la investidura —»Cuanto antes, mejor», expresaron todos— y que dará barra libre para renovar el órgano dentro de un mes, más o menos, quieren averiguar, primero, los argumentos de los magistrados progresistas que votaron en contra de la suspensión este lunes, pero también qué motivos jurídicos llevaron al órgano a impedir la tramitación de la reforma ese mismo día, y así conseguir lo que aseguró Sánchez al líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, ayer: “A pesar de que intenten que el Parlamento no hable, garantizo que lo hará alto y claro”.
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