La Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como ley Trans, ha pasado el control de la Cámara Baja por 188 votos a favor, 150 votos en contra y 7 abstenciones.
Este jueves, 22 de diciembre, día del sorteo de la Lotería de Navidad, el Congreso de los Diputados ha aprobado, después del inicio de su andadura en junio del pasado año, uno de los proyectos más polémicos del ministerio dirigido por Irene Montero, la ley Trans.
La norma, que tiene por objetivo «[…] desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales […] erradicando las situaciones de discriminación, para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad», según viene recogido en el presente Proyecto de Ley (PL) publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) el 12 de septiembre de 2022 y aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de junio del mismo año, plantea eliminar la solicitud de informes médicos que avalen la existencia de disforia de género y los dos años de hormonización necesaria para que estas personas sean consideradas transexuales. En el caso de que se desee, los menores entre los 12 y los 14 años necesitarán un aval judicial para acceder a este tratamiento, desde los 14 y hasta los 16 años se exigirá consentimiento paterno y los mayores de 16 años podrán hormonarse con total libertad; no obstante, se requerirá una doble comparecencia, pues esta deberá ser repetida a los tres meses.
Ha sido una de las propuestas que más debate ha suscitado, llegando a provocar una división interna en el principal partido de la coalición, el Partido Socialista, quien presentó enmiendas, finalmente retiradas, referidas a la autodeterminación de género en los menores, la reversibilidad del cambio del sexo en el Registro Civil y al concepto de <<violencia intragénero>>.
Dentro de las voces críticas con la ley, destaca la de la Exvicepresidente primera del Gobierno, Exministro de Igualdad y actual diputada y Presidente de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, quien ha decidido abstenerse y, en consecuencia, romper la disciplina de voto.
En lo que respecta a los partidos de la oposición, el Partido Popular (PP) se ha mostrado, desde el principio, contrario a la norma al no estar de acuerdo, como afirmaba Javier Maroto, Portavoz de los ‘populares’ en el Senado en una entrevista con Europa Press, con la autodeterminación de género y que sirva para cualquier cosa, alegando que es mucho más grave cuando se trata de menores, así como cuando quien se cambia de sexo es un hombre que luego va a violar una mujer, pues de hacerlo, el Estado no le tratará de hombre, sino de mujer. Asegura, además, que si Feijóo se convierte en Presidente, esta ley será derogada, pues «no es razonable y tiene consecuencias jurídicas muy complejas»; sin embargo, Maroto considera que si una persona con disforia de género y mediante tratamiento endocrino, en un periodo de dos años continúa sintiéndose de esa manera, sea tratado como transexual y ayudado en su inserción. También ha incidido en que la mayoría de la sociedad no es transfoba y que «[…] la transexualidad no la ha descubierto Podemos, […] existe desde hace muchos años», que «el único que ha introducido una distorsión es Podemos, con esa teoría de ideologizarlo todo» y que muchas feministas del PSOE están en contra de la ley, opinión que respaldan.
La formación liderada por Santiago Abascal es más contundente, porque, aparte de insistir en su derogación cuando lleguen al gobierno, Carla Toscano, diputada abiertamente antifeminista, concluye que es una «barbaridad» que va a «crear una inseguridad jurídica inmensa» y que: «Atenta contra la libertad y pretende adoctrinar a nuestros hijos que podrán mutilarse y hormonarse a una edad en la que no tienen capacidad para decidir», al igual que en España no hay transfobia, pues «el colectivo LGTBI trans tiene privilegios».
En la misma línea, Buxadé, Vicepresidente político de la organización, afirma que la norma «no es de sentido común y está alejada de la realidad porque no existe ningún derecho a la autodeterminación de la persona ni puede existir». «Es muy grave que los menores puedan actuar sin conocimiento de sus padres». Además, cree que es antihumana, que la izquierda usa el concepto de <<derechos>> para enfrentar a los españoles, así como que «destruye el edificio de nuestra civilización de un solo golpe».
Ciudadanos (CS), por su parte, ha brindado, excepcionalmente, de más libertad a sus diputados debido al proceso de refundación que están experimentando y las «distintas sensibilidades ideológicas» que existen, siendo una constatación que el Vicesecretario General de la formación naranja y Portavoz Adjunto en el Congreso haya expresado en más de una ocasión su intención de no votar en contra, al igual que Sara Giménez, Portavoz de Igualdad en Congreso.
Foro Asturias y Navarra Suma, también se mostraron contrarios a la ley.
La norma, a pesar de las discrepancias, salió adelante con una sólida mayoría absoluta, 188 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Bildu, Junts, Más País, Compromís, BNG y la CUP), 150 votos en contra (PP, Vox, Ciudadanos, Foro Asturias y los no adscritos de Navarra Suma) y 7 abstenciones (Carmen Calvo, del PSOE, Sara Giménez, de Ciudadanos, tres diputados del PDeCAT, Rosa María Romero, del PP que afirma haberse equivocado y José María Mazón, del PRC).
Tras el visto bueno en la Cámara Baja, ahora únicamente queda que pase el examen del Senado para poner punto y final a su ardua tramitación y que, por tanto, la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI se publique en el BOE, aunque lo más probable es que sea ratificada sin ningún problema.
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