El Ejecutivo responde al Partido Popular (PP) que estarían dispuestos a negociar la despolitización de la justicia, siempre y cuando estos accedieran a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Como consecuencia de la suspensión de negociaciones con el Gobierno, a finales de octubre, al intentar este derogar el delito de sedición, el pasado 30 de diciembre, el PP registró una proposición de ley orgánica en el Congreso de los Diputados para renovar el CGPJ. En ella, se solicitaba que los 12 vocales del Consejo —de los 20 que lo componen— que tienen que ser nombrados por los jueces y los magistrados, como exige la Constitución, sean elegidos de forma íntegra por los jueces a través de un voto directo y los magistrados, ambos «de todas las categorías judiciales que se encuentren en servicio activo», sin la participación actual de las Cortes. Ante esta iniciativa, la coalición ha afirmado que lo tendrían en consideración si se llega a un acuerdo con los de Génova en el CGPJ.
Según El Mundo, el Grupo Popular en el Congreso presentó esta propuesta con el objetivo de fortalecer «la independencia judicial» con criterios «más rigurosos y transparentes» y mayores requisitos para acceder a la cúpula judicial, así como para modificar el sistema de elección de los 12 vocales. Con esta PL, se reforzarían las mayorías a tres quintos para algunos de los principales nombramientos y los jueces votarían, en circunscripción única, a seis candidatos como máximo en una lista abierta. Así, aquellos que obtuvieran más apoyo, serían nombrados vocales del Consejo, previniéndose que los políticos que hubieran ejercido de jueces, volviesen a los juzgados antes de dos años; evitar las «puertas giratorias». De esta manera: dos de los vocales serían magistrados del Tribunal Supremo (TS), tres, magistrados con antigüedad por encima de los 25 años y siete jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. También, uno de los dos vocales magistrados del Supremo sería el vicepresidente del Consejo.
Pues bien: ayer, fuentes del Ejecutivo confirmaron que «La proposición de ley que pactamos está lista para ser firmada cuando el PP quiera y supere el temblor de piernas» y hoy, en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministro de Política Territorial, ha dejado claro que no deniegan de su propuesta, pero ha apuntado que «[…] para empezar a hablar, hay que respetar las reglas del juego», comentando que el Ejecutivo exige primero el cumplimiento de la Constitución y el desbloqueo del órgano de los jueces, igual que Didier Reynders, comisario de Justicia de la Comisión Europea (CE). Además de esto, Rodríguez ha querido incidir en que no es la primera vez que el PP presenta una PL de estas características y la Cámara Baja la rechaza, puesto que ha sucedido en dos ocasiones, todo esto «[…] con tal de no aceptar que hoy se encuentra en minoría parlamentaria, con tal de no aceptar que le iría mucho mejor a él como partido político en la oposición contribuyendo a una política útil que estar permanentemente en el bloqueo».
Tras estas acusaciones, según informa Europa Press, Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, ha alertado a Sánchez del «riesgo» de sanciones de la UE a España por su «deriva autoritaria» al pretender «intentar cambiar por la puerta de atrás las reglas del Tribunal Constitucional y el CGPJ», como le ha sucedido a Polonia, la cual está obligada a pagar un millón de euros diariamente por atacar la independencia judicial.
El principal partido de la oposición presentó, este 30 de diciembre, ante la ruptura de negociaciones con el Ejecutivo por la sedición, una proposición de ley orgánica para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, así, desbloquear el órgano, según la cual los 12 vocales que, por ley, deben ser elegidos por los jueces y los magistrados, sean seleccionados por los propios jueces y los magistrados en servicio activo para fortalecer «la independencia judicial»; no obstante, Moncloa ha exigido que estarían abiertos al diálogo si se renueva antes el CGPJ.
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