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El ejecutivo de Sánchez requiere a Castilla y León para que no aplique su protocolo antiaborto

Con este requerimiento, Moncloa advierte de que «utilizará todos los mecanismos» jurídicos vigentes para que no se ponga en cuestión la libertad de la mujer y el derecho al aborto.

En respuesta al antiabortista Protocolo de latido fetal y registro cardíaco anunciado el jueves pasado, en rueda de prensa, por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ayer por la tarde el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de la comunidad, como primer paso, «para que se abstenga de aprobar o aplicar» medidas que cuestionen «la actual normativa con respecto a la Interrupción Involuntaria del Embarazo (IVE)», insistiéndose en que se usarán «todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico» presenta para proteger «la libertad de las mujeres» y el aborto. De no llegarse a ningún acuerdo; el Ejecutivo Nacional podría recurrir las medidas al contencioso-administrativo y, en el peor de los casos, decretar un 155 sanitario.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno del 12 de enero, García-Gallardo informó de que, en aplicación de los puntos 12 y 13 sobre el apoyo a las familias y la promoción de la natalidad presente en el acuerdo de Gobierno firmado por PP y Vox el 10 de marzo, se garantizará, como complemento a otras medidas, como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, la asistencia psicosocial a las mujeres embarazadas, se implementará el llamado «Protocolo de latido fetal y registro cardíaco» con el que se obligará a los profesionales sanitarios a ofrecer a los padres y madres, «entre la semana seis y nueve», a escuchar el latido del feto y ecografías 4D con imagen en movimiento, que se añadirán a las tres ecografías preceptivas que se realizan en las semanas 12, 20 y 33 de gestación. También se blindará el derecho a la objeción de conciencia de los ginecólogos que sean contrarios a practicar esta intervención, rechazándose las listas negras de objetores de conciencia. Estas medidas se llevan a cabo debido al «drama social» y para que las mujeres gestantes puedan tomar decisiones «mucho más conscientes». Esta información ha quedado recogida en una nota de prensa publicada el mismo día.

Tras la polémica desatada, ya desde el principio, la dirección general del PP se desmarcó y fuentes de la Consejería de Sanidad, el jueves por la tarde, en declaraciones a la Agencia EFE, corrigieron las palabras del vicepresidente, pues comentaron que no habrá «ningún cambio» en el protocolo para embarazadas de la comunidad; sin embargo, al día siguiente, Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad, confirmó que esos cambios existirán, pero con la finalidad de mejorar la asistencia a las mujeres, así como que habrán «pequeñas matizaciones», aunque cumpliendo con la legislación vigente. Tras esta declaración, García-Gallardo se mantuvo en la misma línea, pues hizo saber que se iban a aplicar las medidas de manera “inmediata”, hasta la derivación “preferente” a salud mental de las mujeres que quieran interrumpir la gestación. El sábado, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, intentó aclarar las afirmaciones del vicepresidente, recalcando en su llegada al acto del Partido Popular (PP) en Zaragoza donde se presentaban los candidatos de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, que las medidas acordadas «no van» de evitar los abortos, sino del «fomento de la natalidad», así como que se tratan de medidas voluntarias.

A pesar de que la parte ‘popular’ del ejecutivo quisiera salvar la situación, el Gobierno de coalición, a través del Ministerio de Sanidad, envió el requerimiento sin tener en cuenta dichas matizaciones, pues como consta en el comunicado, este se escribe «Ante el anuncio en rueda de prensa del Gobierno de Castilla y León, tras su consejo de gobierno del 12 de enero [….]» y con el objetivo de que la Consejería de Sanidad de la Junta «se abstenga de aprobar y aplicar medida alguna que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el Real Decreto 1825/2010, de 25 de marzo; y la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Método Farmacológico).»

Siguiendo en la misma línea, se afirma que se hará uso de «todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición» para blindar la libertad de la mujer y el aborto, según marca la ley, ya que velarán para que se reduzcan «los derechos fundamentales» de las mujeres, en ningún momento, de la mano de ninguna comunidad autónoma, «ni por parte de Administración Pública alguna». Así; los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia, «están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar» las medidas necesarias.

Más adelante, se menciona que en caso de que entrara en vigor el protocolo, sea cesado de manera inmediata, ya que obliga «al personal sanitario» a «ofrecer» a la embarazada «que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico».

Por otra parte, se reclama que «la realización de pruebas diagnósticas» no vaya en contra del «conocimiento científico actual» y las sugerencias existentes «en las guías de salud nacionales e internacionales» respaldadas «por las sociedades científicas» y se exige que la Junta informe inmediatamente «al Ministerio de Sanidad acerca de «los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas».

Por último, se advierte de que, si la Junta de Castilla y León no atiende de manera «íntegra» y de forma inmediata el comunicado, el Ejecutivo no descartaría tomar medidas «adicionales» desde el punto de vista jurídico, puesto que consideran que «las medidas» pueden ir en contra del «ordenamiento jurídico». También podrían emprender «acciones legales» porque podrían violar «derechos fundamentales» y también «se extralimitan de las competencias» de la autonomía.

Ante este requerimiento, ayer, la Consejería de Sanidad de JCyL respondió en un comunicado publicado en su página web donde informó de que, hoy mismo, enviarían su contestación al Ministerio de Sanidad «y, en su caso, efectuará el oportuno requerimiento oficial, donde se solicitará al Gobierno de España», que en primer lugar «se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León al simple amparo de noticias en medios de comunicación», puesto que como recalcan, se están tratando «políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia».

En segundo lugar, reivindica que Castilla y León posee la suficiente autonomía «para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto» que tenga como objetivo «mejorar la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación», así como respetando en todo momento los derechos fundamentales de la embarazada «y a los derechos y obligaciones del personal sanitario».

La Consejería de Sanidad afirma que no existe la «obligación específica» de que Castilla y León «en el legítimo ejercicio de sus competencias, comunique de manera inmediata a los Ministerios los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias».

Además, también considera que si esta comunicación «y, en su caso, el requerimiento que mañana si pueda efectuarse», no se atiende de manera «íntegra e inmediatamente por el Gobierno de España», Castilla y León implementaría «actuaciones jurídicas adicionales», por el hecho de que «las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden» ir en contra del «ordenamiento jurídico».

Por último, la administración va a analizar si emprender acciones legales, pues «la aplicación de las acciones anunciadas» podría infringir «el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias» autonómicas.

Pues bien; por si no habíamos tenido bastante, este lunes, se ha intensificado la polémica de la mano del Ejecutivo, pues la titular de Sanidad, Carolina Darias, en una entrevista en la Cadena SER, ha avisado de que no descartan llevar el protocolo al Tribunal Constitucional (TC): «No vamos a permitir un paso atrás en el derecho de las mujeres» y, según informa La Vanguardia, fuentes del Gobierno de Sánchez confirman que, en el caso de que la JCyL no dejara a un lado las medidas provida, ellos estarían dispuestos a decretar el artículo 155 para suspender la competencia de sanidad, lo que permitiría a Darias controlar la sanidad de la comunidad; no obstante, consideran que sería una decisión «prematura» o hasta «aventurada», pues “Hay muchos otros instrumentos para velar por la constitucionalidad de las normas”, ya que antes se constituiría una comisión mixta entre las dos administraciones públicas y, si no se solventaran las desavenencias, como última opción previa al 155, se presentaría un recurso al contencioso-administrativo.

Como ya es de costumbre, hoy, Juan García-Gallardo ha vuelto a insistir en la idea de que las medidas son «obligatorias» para sanitarios y, horas más tarde, Mañueco ha convocado una declaración institucional para intentar clarificar los dos discursos que llevan existiendo desde que se anunciaron las medidas el jueves de la semana pasada. Finalmente, según el presidente de la Junta, el protocolo «no obligará» a mujeres y tampoco a profesionales sanitarios «a nada», pues «Serán ellas las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición». Ha concretado también que ofrecer a las mujeres que están pensando si abortar o no que escuchen el latido del feto «puede derivar en coacciones directas o indirectas», de manera que el gobierno «ni las va a promover ni amparar», así como que van a impulsarse medidas que «mejoran y modernizan las prestaciones» para las gestantes, dejando claro que en ningún momento se actualizará ningún protocolo.

Mañueco ha culpado a la coalición de «usar a las mujeres» para «hacer oposición a la Junta» y tras calificar, en su momento, el requerimiento presentado por el Ministerio de Sanidad de «intolerable ataque», hoy ha reconocido que el gobierno que dirige ha recibido la noticia con «sorpresa» y ha denunciado que la coalición piensa «sacar rédito político» de esta situación, así como ha mostrado «estupefacción» por el «comportamiento del Gobierno» y ha recordado que con la ley del ‘solo sí es sí’, «decenas de agresores sexuales» están viendo «rebajadas sus penas», por lo que «No tienen ninguna autoridad para dar lecciones en lo referido a la protección de las mujeres».

El polémico protocolo presentado en rueda de prensa, el jueves pasado, por el vicepresidente de la JCyL, Juan García-Gallardo, cuyo objetivo era reducir los abortos, al menos en ese momento, ha provocado que el Gobierno de coalición, para frenar las medidas, enviara un requerimiento oficial al ejecutivo castellanoleonés, el cual no se pone de acuerdo sobre de qué versa el contenido de este protocolo.

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