Este requerimiento de incompetencia se envía al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León como paso previo a un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC).
Este martes, el Consejo de Ministros se ha reunido para, entre otros asuntos, aprobar un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualesquiera actuaciones —incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho— que vulneren o menoscaben la ley ‘Aído’ o el Real Decreto 825/2010 que desglosa parcialmente dicha ley orgánica y porque creen que la Junta excede su ámbito competencial. Esta decisión, a la que la Castilla y León tiene un plazo máximo de un mes para responder, se toma antes de interponer un recurso al Constitucional.
Dos días después de que el Gobierno de España, mediante el Ministerio de Sanidad, enviara un requerimiento oficial al Consejo de Gobierno de la JCyL para que, según el propio comunicado: «se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)» y no haber recibido ninguna clase de respuesta al respecto, como ha apuntado, esta mañana, el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum donde el ministro presentó al presidente de las Islas Canarias, Ángel Víctor Torres, el Consejo de Ministros aprueba una vía adicional aparte de la petición enviada por la vía jurisdiccional el pasado domingo; un nuevo requerimiento, en este caso, de incompetencia «en relación con cualquier actuación que vulnere o menoscabe la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo o el Real Decreto 825/2010 que desarrolla parcialmente esa norma», según confirma un resumen del Consejo de Ministros en la página oficial del Palacio de la Moncloa.
Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo y ministro de Política Territorial, afirmó tras la rueda de prensa de Mañueco para aclarar el contenido del protocolo de fomento a la natalidad que «Este requerimiento es un paso previo a acciones judiciales en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa».
Este procedimiento muy habitual y puesto en práctica también con Cataluña por sus planes de acción exterior en 2019, por ejemplo, como especifica a El Periódico de España, la D.ª en Derecho y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), María Isabel Álvarez Vélez, está previsto en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativo, donde viene escrito en su artículo 44 que en el momento en el que una Administración Pública «interponga» un «recurso contencioso-administrativo contra otra», se podrá requerir para que sea anulado o revocado el acto, «haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada». Además, el requerimiento de incompetencia también viene recogido en la Ley Orgánica 2/1979 que regula el Tribunal Constitucional, pues en su artículo 62 aparece que «cuando el Gobierno considere que una disposición o resolución de una Comunidad Autónoma no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes orgánicas correspondientes», tendrá la posibilidad de formalizar ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencia «o hacer uso del previo requerimiento», siendo esto último por lo que se ha optado.
La ley orgánica regula el requerimiento de incompetencia en el artículo 63. Este se lleva a cabo con el objetivo de que se suprima una norma o se anule el acto de «la autoridad de otra Comunidad» que pueda contravenir «el orden de competencias» dictado por la Constitución. Además, podrá ser formulado «dentro de los dos meses siguientes al día» del acto viciado de incompetencia y será dirigido «al órgano ejecutivo superior de la» autonomía, notificando «al Gobierno» y tendrán que ser explicados claramente «los puntos concretos» del acto viciado «de incompetencia».
Más adelante, se indica que aunque «el órgano requerido» no «estimara fundado», tendrá que ser rechazado en mes máximo «a cuyo término se entenderán en todo caso rechazados los requerimientos no atendidos».
Tras lo señalado anteriormente, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, ha asegurado que si no se produce una «cumplida y satisfactoria respuesta», se llevarán a cabo acciones legales ante el órgano de garantías constitucionales para defender «los derechos de las mujeres», que el Ejecutivo no consentirá «ni un solo retroceso en los derechos y libertades de las mujeres en ningún territorio de España» y que se está trabajando en todas las opciones posibles y «en distintas líneas de actuación».
Aparte de esto, también señala que el requerimiento se realiza porque, a juicio de Gobierno, en Castilla y León: están extralimitando las competencias que tiene el Gobierno de Castilla y León» y para que «cesen en la vulneración de derechos de las mujeres y libertades de las mujeres».
También agregó que «Es lamentablemente hasta normal y habitual que la ultraderecha pretenda que las mujeres retrocedan 50 años. Es menos normal que el líder de la oposición, el señor (Alberto Núñez) Feijóo enmudezca ante esta circunstancia»; sin embargo, hoy mismo en una entrevista en TeleMadrid ha asegurado que en ningún gobierno del PP, se obligará a ninguna mujer que quiera «interrumpir» el embarazo a hacerlo.
La portavoz del Gobierno y ministro de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la comparecencia posterior a la celebración del Consejo de Ministros que “el Gobierno mantiene que lo conocido hasta ahora contraviene las leyes y la Constitución española. Han confirmado las autoridades de Castilla y León que habrá medidas que hoy seguimos sin conocer a pesar de los requerimientos formales por parte del Gobierno”, informa Mariano Alonso en ABC.
También considera que “las explicaciones que hasta ahora ha aportado la Junta de Castilla y León son contradictorias e insuficientes. La duda sobre la aplicación de estas medidas persiste aún hoy. No cabe instruir a los médicos para que ofrezcan recomendaciones, ni cabe tampoco ofrecer o sugerir a las mujeres ese tipo de iniciativas” y recuerda que “la competencia de las comunidades autónomas en el desarrollo de la legislación básica en el ámbito sanitario no puede contravenir, en ningún caso, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, del año 2010”.
En el turno de preguntas, la portavoz ha calificado de “elocuente” que “el presidente de Castilla y León dice una cosa y el vicepresidente otra” y ha asegurado que “sí es posible” emprender una acción como un requerimiento de incompetencia sin que exista un hecho administrativo concreto, ya que como ha concretado: “Cuando se emiten comunicados, como ha sido el caso, que pueden afectar a derechos fundamentales y a la competencia de cada una de las administraciones, el Gobierno está obligado a actuar”.
Pues bien: a pesar de las decisiones del Ejecutivo, todavía no se conoce sobre qué consta el protocolo de medidas presentado el pasado jueves y tampoco el texto, algo que Isabel Rodríguez ha tratado hoy en el programa de radio Más de Uno de Carlos Alsina en Onda Cero, ya que le resulta «preocupante» que la Junta de Castilla y León remate la cuestión con una rueda de prensa y no facilite un documento que explique el texto de las medidas.
Rodríguez aseguró que el Gobierno pretendió acceder al documento, pero sin éxito y «como hemos conocido que tienen intención de hacerlo, por ello enviamos el requerimiento», así como que «esta cuestión no es sólo objeto de alarma para el Gobierno, sino para las mujeres y para los sanitarios que no saben a día de hoy qué tienen que hacer», criticando no únicamente a Vox, sino también al PP, cuando habla de medidas para proteger la maternidad.
Además, ha criticado al líder de la oposición y presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ya que considera que está eludiendo de sus responsabilidades, recriminándole que ha tenido oportunidades para desmarcarse de los planteamientos del gobierno de Castilla y León.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención en el Foro de Davos hizo alusión a lo que está sucediendo con el protocolo del aborto comparando «la lucha de la ultraderecha —refiriéndose a Vox— con la lucha de los ucranianos contra Putin.
Después de esta nueva actuación del Gobierno central para frenar el protocolo de PP y Vox, la dirección general de los ‘populares’ ha acusado al Consejo de Ministros de promover un requerimiento «innecesario y hasta cierto punto absurdo» y ha comentado que el Gobierno tendría que organizar un gabinete de coordinación para «frenar» las consecuencias de la ley del ‘solo sí es sí’, algo que trasladó de esta manera la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista en Telecinco.
El coordinador del programa electoral del Partido Popular, Íñigo de la Serna, que no ha expresado su opinión personal acerca del aborto, ha afirmado que el protocolo sobre el aborto en Castilla y León «no existe», alegando que esto es lo que comentó «con contundencia» Mañueco, por lo que no ve coherencia en que el Gobierno mande «un requerimiento […] por si acaso hace algo», así como que se trata de un «debate absurdo» del PSOE para desviar la atención.
Por otro lado, aunque Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, no haya querido dar declaraciones, el portavoz de la formación de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que si no se cumple lo que fue pactado en el Consejo de Gobierno el pasado jueves, revaluarán «la situación». «Espero que en los próximos días se recobre el sentido común y se mande el protocolo que se ha acordado», que ha incidido que será de obligado cumplimiento. También ha comentado que el protocolo del aborto se trata de un avance para la sanidad pública en esa comunidad autónoma y ha persistido en que «una mujer embarazada tiene suficiente criterio para decidir si quiere o no escuchar un latido o ver una ecografía».
El Gobierno de coalición continúa avanzando en su objetivo de impedir la aplicación del protocolo de medidas sobre el aborto acordado, el pasado 12 de enero, en el Consejo de Gobierno de la JCyL, esta vez, mediante un requerimiento de incompetencia aprobado hoy en Consejo de Ministros, como paso previo a un conflicto de competencias ante el TC, para evitar que se viole el derecho al aborto.
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